En una decisión que ha causado revuelo en el ámbito legal y político, el juez federal Robert Kirsch ha determinado que la ley de Nueva Jersey que prohíbe las cárceles privadas para inmigrantes es «inconstitucional». Esta decisión se basa en el argumento de que el gobierno federal tiene un «amplio e indudable poder» en materia de inmigración y estatus de extranjeros, según lo establecido por la Constitución de Estados Unidos.
Antecedentes de la Ley
En agosto de 2021, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, promulgó la ley AB 5207. Esta legislación tenía como objetivo prohibir la renovación, ampliación o activación de nuevos acuerdos con centros de detención de ICE gestionados por empresas privadas. Estos centros son lugares donde los inmigrantes son detenidos mientras esperan sus audiencias de corte y enfrentan la posibilidad de deportación. Con la implementación de esta ley, Nueva Jersey se convirtió en el quinto estado en limitar o prohibir tales contratos. En ese momento, el gobierno federal pagaba aproximadamente $120 diarios por cada inmigrante detenido en una cárcel de ICE.
Argumentos del Dictamen
El juez Kirsch, en su dictamen de 41 páginas, respaldó los argumentos presentados por el Departamento de Justicia (DOJ) y CoreCivic, un operador de prisiones privadas. El juez citó la cláusula de supremacía de la Constitución, que prohíbe a los estados anular estatutos federales. Kirsch argumentó que si Nueva Jersey tiene objeciones sobre cómo el gobierno federal gestiona las detenciones, debería expresar sus preocupaciones a través de representantes electos y elecciones federales.
El juez también señaló que la ley de Nueva Jersey, de ser implementada, cerraría la última instalación en el estado a la que ICE tiene acceso. Esta acción sería un golpe directo a la política migratoria del gobierno federal, que es el único responsable de hacer cumplir las leyes civiles de inmigración.
Reacciones a la Decisión
La decisión del juez Kirsch no fue bien recibida por todos. El American Friends Service Committee (AFSC) criticó el fallo, argumentando que favorece a CoreCivic, una corporación penitenciaria privada. Señalaron que la decisión se tomó justo antes de que expirara el contrato de CoreCivic con ICE para operar el Centro de Detención de Elizabeth.
Araceli Argueta, directora de organización y defensa del AFSC, mencionó que CoreCivic, con un historial de abusos, ganó $552 millones en 2021 por contratos con ICE. Serges Demefack, coordinador del Proyecto de Justicia para Inmigrantes Negros del AFSC, calificó la decisión como un «revés devastador» para las comunidades inmigrantes.
Por su parte, ICE ha asegurado que las condiciones en sus centros de detención han mejorado desde el gobierno de Donald Trump. Afirmaron que están comprometidos con garantizar entornos seguros y humanos para los detenidos y que han cerrado o reducido varios centros desde enero de 2021.
La decisión del juez Kirsch reaviva el debate sobre el papel de los estados en la política migratoria y la tensión entre las leyes estatales y federales. Mientras que algunos ven la decisión como una defensa de la autoridad federal, otros la ven como un revés para los derechos de los inmigrantes. Lo que es seguro es que este tema seguirá siendo de gran relevancia en el panorama político y legal de Estados Unidos.
