Los Jueces de la corte suprema de Estados Unidos decidieron en su mayoría que las personas que fueron expulsadas del país y reingresaron sin autorización, no tienen derecho a fianza.
Aunque las personas afectadas, luego de pasar una entrevista de miedo razonable, tienen derecho a solicitar un amparo para poder quedarse en el país bajo la convención contra la tortura de las Naciones Unidas. La opción de poder defender el caso dentro de territorio americano y fuera de una cárcel de inmigración no fuera una opción.
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