La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, ha oficializado recientemente la solicitud de Estatus de Protección Temporal (EPT) a Estados Unidos para los ciudadanos ecuatorianos que residen de manera irregular en ese país. Esta iniciativa surge en un contexto de aumento de violencia y enfrentamientos con bandas de crimen organizado en Ecuador, calificados por el presidente Daniel Noboa como un «conflicto armado interno».
El EPT es una medida que permitiría a los ecuatorianos afectados acceder a seguridad social, empleos formales, y evitar procesos de deportación, al tiempo que contribuirían económicamente tanto a Ecuador como a Estados Unidos. Esta propuesta se suma a las políticas actuales que ofrecen el EPT a ciudadanos de Venezuela, Honduras, Nicaragua y El Salvador debido a situaciones similares en sus países de origen.
La solicitud fue enviada a Homeland Security del Departamento de Estado estadounidense, y la decisión final sobre su aprobación recae en las autoridades de EE.UU. La medida busca proporcionar estabilidad y protección a los ecuatorianos en una situación irregular, y es un reflejo del compromiso del gobierno ecuatoriano para asegurar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, tanto dentro como fuera de sus fronteras.