Juez Federal ordena restablecer la Política del MPP, la cual obliga a los inmigrantes a esperar en México mientras se deciden sus casos de Asilo.
El viernes 13 de agosto un Juez Federal del Estado de Texas ordenó a la Administración Biden reanudar la política de Protocolo de Protección de Migrantes conocido por sus siglas MPP; llevada a cabo por la Administración del entonces Presidente Trump, la cual Forzaba a los migrantes a esperar en México por tiempos prolongados mientras se deliberaban sus casos de Asilos en los EE. UU. , para luego tomar una decisión al respecto, favorable o no.
La medida del MPP ha sido una política controversial, ya que al no poder esperar en los EE. UU., sino en México, sobre todo en sus ciudades fronterizas, docenas de solicitantes de asilo fueron víctimas fáciles de secuestros, robos, violaciones, además de soportar una carga económica muy pesada para mantener su estadía, así como la de sus familias, de soportar ambientes de salubridad muy precaria y de vivir en refugios, albergues y asentamientos improvisados; asimismo los inmigrantes no contaban con la asistencia legal debida que los respaldara para hacer frente a su situación migratoria en caso de que el dictamen fuere desfavorable, razón por las cuales solo muy pocos inmigrantes lograban llegar a suelo estadounidense.
Es por todos estos argumentos que la Administración Biden dejo sin efecto la medida de MPP implementada en el 2019, aunque manteniendo el título 42, otra medida implementada por la Administración Trump para cerrar la frontera a nuevos inmigrantes argumentando la pandemia del coronavirus.
Ahora bien, es de señalar que el Juez Federal de Texas Matthew J., consideró que la decisión de la Administración Biden de derogar o anular el Programa de MPP o «quédate en México» había sido ilegal y dañino, y para ello tomó en consideración las demandas presentadas por los Fiscales Generales de Texas y Missouri que aseguraron que la suspensión del programa MPP empeoraba las condiciones en la frontera y permitía que delincuentes entrarán al país, además de señalar que causó daño a los Estados demandantes, ya que se les permitió usar el servicio de salud, otorgar licencia para conducir y asistir a las escuelas entre otras consideraciones. El juez Matthew permitirá un plazo de 7 días para permitir a la actual administración apelar la decisión.
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