El juez federal Andrew Hanen ha declarado por segunda vez que el programa DACA es ilegal, afirmando que la solución radica en el poder legislativo y no en los poderes ejecutivo o judicial. Aunque la decisión del juez permite a los actuales beneficiarios de DACA renovar sus protecciones, cierra la puerta a nuevos solicitantes.
Esta decisión forma parte de una larga batalla legal que lleva cinco años en curso. El juez basa su fallo en la creencia de que no hay una diferencia material entre el programa DACA implementado por Barack Obama en 2012 y la versión revisada presentada por la administración de Biden.
La resolución del juez no requiere que el gobierno tome ninguna medida de inmigración, deportación o penalización contra los beneficiarios de DACA. El fallo no afecta a los actuales beneficiarios de DACA, quienes podrán seguir renovando sus protecciones y permisos de trabajo durante otros dos años. Sin embargo, prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional procesar nuevas solicitudes de inscripción de inmigrantes indocumentados que no se hayan registrado previamente en el programa.
A pesar de esta decisión, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional ha afirmado que no se deportará a los dreamers y que se continuarán procesando renovaciones de DACA y permisos de trabajo. Actualmente, hay más de 586,000 dreamers protegidos por DACA, con alrededor de 85,000 solicitudes pendientes.
El futuro de DACA se determinará a través de futuras apelaciones y procesos legales. Esta última decisión del juez Hanen ha vuelto a poner en el centro de atención el tema de DACA y ha generado incertidumbre entre los dreamers y defensores de los derechos de los inmigrantes. Aunque la decisión no afecta a los actuales beneficiarios de DACA, el cierre de la puerta a nuevos solicitantes plantea interrogantes sobre el futuro del programa y la necesidad de una solución legislativa permanente.
En conclusión, el fallo del juez Hanen reafirma su posición previa de que el programa DACA es ilegal, pero permite a los actuales beneficiarios renovar sus protecciones. Sin embargo, esta decisión también pone en evidencia la necesidad de una solución legislativa para garantizar un futuro más estable y seguro para los dreamers.
