El gobierno de Joe Biden ha recibido luz verde para continuar con las deportaciones de inmigrantes que son encontrados o detenidos en la frontera, y que buscan asilo pero no tienen una cita previamente programada a través de la herramienta digital CBP One.
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California determinó en una audiencia preliminar que no tenía la autoridad para emitir una orden judicial a favor de una coalición de demandantes que solicitaba revertir los cambios recientes en la política de asilo del gobierno. Estos cambios obligan a los inmigrantes que solicitan el beneficio de asilo en la frontera a tramitar previamente una autorización a través de la aplicación CBP One.
En su fallo, la corte informó a la coalición de demandantes que “carecía de autoridad” para emitir la orden de suspensión solicitada. La decisión del tribunal se basó en un fallo emitido en junio por la Corte Suprema que mantuvo vigentes las prioridades de deportación del gobierno, indicando que la ejecución de la ley de inmigración federal está dentro de las facultades del gobierno federal.
La demanda contra la ampliación de CBP One
La coalición demandante solicitó al tribunal que el gobierno ponga fin a su práctica de “devolver a los solicitantes de asilo que llegan a los puntos de entrada sin una cita previa de CBP One”.
Según alegaron los demandantes, integrados por las organizaciones Al Otro Lado, Haitian Bridge Alliance, American Immigration Council (AIC), Center for Constitutional Rights y Center for Gender and Refugee Studies, la política migratoria que regula la herramienta CBP One “ha causado un daño irreparable, tanto al negarles a los demandantes el acceso al proceso de asilo como al obligarlos a esperar ese acceso en condiciones precarias y peligrosas en México”.
El fallo de la corte, al “carecer de autoridad» para atender la demanda, permite al gobierno de Biden continuar con las deportaciones de aquellos inmigrantes que son detenidos en la frontera y que no tienen una cita programada con la aplicación CBP One, o que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos.
La coalición fundamentó su demanda señalando que, antes de la entrada en vigor de la aplicación, la ley de asilo permitía que los extranjeros llegaran a la frontera sin una cita previa y solicitaran el beneficio de asilo autorizado por el Congreso. Sin embargo, debido a la escasez de recursos para atender la crisis en la frontera, el presidente Biden modificó el proceso para controlar la entrada indocumentada de extranjeros al país y administrar de manera más eficiente los recursos otorgados por el Congreso.
Reacciones a la decisión de la corte
La decisión del tribunal fue criticada por los demandantes, quienes recordaron que en noviembre de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una guía que establece claramente que el gobierno «no puede exigir a los solicitantes de asilo que obtengan una cita antes de acercarse a un puerto de entrada a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos», según el Consejo Americano de Inmigración (AIC).
«Aunque los documentos presentados por el gobierno en este caso confirman que esta guía (que regula el CBP One) se ha difundido entre los agentes fronterizos, estos actúan habitualmente en violación directa de las directrices de su propia agencia», agregó el AIC.
La coalición argumentó que el gobierno debería “seguir sus propias políticas y procesar a las personas que buscan asilo en la frontera sur, independientemente de si tienen la suerte de obtener una cita”.
Además de señalar el incumplimiento por parte del gobierno de Biden de sus propias directrices emitidas en 2021, los demandantes sostienen que la política de rechazar a los solicitantes de asilo sin una cita previa del CBP One “viola la ley estadounidense, los derechos al debido proceso de los solicitantes de asilo y las obligaciones de los Estados Unidos bajo el derecho internacional, que prohíbe al gobierno devolver refugiados a países donde enfrentan persecución o tortura”.
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A pesar de la demanda presentada por una coalición de organizaciones, el gobierno de Joe Biden ha obtenido la autorización para continuar con las deportaciones de inmigrantes en busca de asilo que son encontrados o detenidos en la frontera. La decisión del tribunal se basó en la facultad del gobierno federal para ejecutar la ley de inmigración y en la escasez de recursos para atender la crisis en la frontera.
Sin embargo, los demandantes critican la decisión del tribunal y argumentan que el gobierno debería seguir sus propias políticas y procesar a las personas que buscan asilo en la frontera, independientemente de si tienen una cita previa o no. Además, sostienen que la política de rechazar a los solicitantes de asilo sin una cita previa del CBP One viola la ley estadounidense y las obligaciones internacionales del país.
La situación de las deportaciones en la frontera sigue siendo un tema controvertido y en constante evolución. A medida que avanza el gobierno de Biden, será importante seguir de cerca las políticas y decisiones relacionadas con el asilo y la inmigración en la frontera.
