Veinte estados interpusieron este martes una demanda ante la Corte de Distrito del Sur de Texas, en la que acusan al gobierno de Biden de promulgar una política de libertad condicional ilegal. Según, la demanda consta de 39 páginas y se basa en la alegación de que el gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la intensión de prevenir cruces ilegales de la frontera, ha creado un nuevo programa de visa humanitaria (Parole), sin la aprobación del Congreso requerida por la ley. Los estados opuestos al programa alegaron que el poder de DHS para otorgar libertad condicional es «excepcional», y que el programa es ilegal porque no sigue el proceso administrativo establecido por ley.
La demanda, liderada por Texas, busca bloquear el programa que permite la entrada de 30,000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que tengan patrocinadores y lleguen al país en avión. El apoyo al programa también fue respaldado por el grupo conservador America First Legal, argumentando que el gobierno no tiene el derecho legal de otorgar este permiso, y que el Congreso debe tomar la decisión «caso por caso» y por «razones humanitarias o un beneficio público significativo». Los demandantes afirmaron que el gobierno tiene un «poder excepcional» para otorgar este beneficio, y que el programa es ilegal porque no sigue el proceso administrativo prescrito por ley.
El informe de 225 páginas de Human Rights Watch y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, titulado «The Landscape of Immigration Detention in the United States», señala cómo el gobierno de Biden ha hecho cambios significativos para mejorar las condiciones de detención y la calidad de vida de los migrantes, pero también describe cómo se han enfrentado dificultades a la hora de implementar la política de libertad condicional. El informe también señala que la libertad condicional es una medida temporal, y no una solución definitiva para una reforma migratoria.
La demanda señala que el gobierno no ha tomado en cuenta los intereses de los estados, y que ha violado la ley al promulgar la política de libertad condicional. La demanda señala que los estados se han visto afectados, tanto directa como indirectamente, debido a la aplicación de la política, El informe señala que los estados tendrán que asumir una carga financiera significativa para proporcionar servicios a los migrantes a los que se les ha concedido la libertad condicional. Los estados están pidiendo una orden judicial para bloquear la implementación del programa.
Los demandantes solicitan a la corte que declare ilegal la política de libertad condicional y que impida el gobierno de Biden de emitir ninguna visa de libertad condicional hasta que se cumpla con los procedimientos establecidos por ley. El caso se encuentra actualmente en la corte y los estados esperan que la corte emita una decisión en el futuro cercano.
Estaremos informando acerca de la decisión de la corte con respecto a esta demanda y el futuro del programa de parole humanitario.
