El SB 1718 es un proyecto de ley que se entregó a la Asamblea del Estado de Florida en marzo. De aprobarse, reforzaría los temores expresados por los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes: que Florida se convierta en el estado con la ley o leyes de inmigración más duras de Estados Unidos.
La SB 1718 propone criminalizar la estancia indocumentada y a todos los residentes de Florida, "no solo a quienes abran su casa, negocio, vehículo o lugar de culto a una amplia categoría de inmigrantes", advierten las organizaciones pro-inmigrantes. Prohíbe el uso de permisos de conducir válidos de otros estados en manos de inmigrantes indocumentados, obliga a los hospitales a recabar información sobre la situación migratoria de los pacientes y a presentar informes trimestrales, y modifica las normas para compartir información sobre pacientes indocumentados. El proyecto de ley también aumenta las multas por emplear a inmigrantes indocumentados, castiga con mayor severidad a los reincidentes en la contratación ilegal, impone severas penas de cárcel a los extranjeros que utilicen a sabiendas documentación falsa, establece el uso obligatorio del programa federal E-Verify y establece auditorías aleatorias de las empresas para verificar el cumplimiento del uso de E-Verify. La SB 1718 amenaza con revocar de por vida las licencias de operación a las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados y prohíbe a los indocumentados ejercer como abogados (en el caso de los dreamers protegidos bajo el programa DACA). Establece multas y penas de cárcel para quienes transporten a indocumentados (no explica qué ocurre en los matrimonios mixtos) y criminaliza la estancia de indocumentados aunque no sea delito. El proyecto crea sanciones penales para quienes reciban a una amplia categoría de inmigrantes en sus casas, negocios, vehículos o lugares de culto y autoriza a los alguaciles de las cárceles de condado a tomar muestras de ADN cuando se detenga a un inmigrante y se emita una orden de detención del ICE. Los analistas estiman que la Asamblea votará ambas iniciativas a finales de mayo, al término del periodo ordinario de sesiones. Esperemos a tener más noticias acerca de este proyecto de ley.