Publicado el 9 de noviembre de 2026
Una decisión del 5 de noviembre de 2026 limita el acceso a la llamada ley de los 10 años para quienes aceptaron una salida voluntaria y no salieron del país. El punto central es el tiempo: presentar una moción a destiempo puede cerrar la puerta durante una década.
En resumen: qué cambió para la ley de los 10 años
La decisión es Matter of Ontiveros-Diaz, 30 I&N Dec. 222, emitida por la Junta de Apelaciones de Inmigración el 5 de noviembre de 2026.
Confirma que violar un acuerdo de salida voluntaria genera una inelegibilidad de 10 años para ciertos beneficios migratorios.
Entre esos beneficios está precisamente la cancelación de deportación, conocida popularmente como ley de los 10 años.
La decisión establece que presentar una moción para reabrir con nueva evidencia no borra las consecuencias de no haber salido a tiempo.
La clave está en la fecha: una moción presentada antes del vencimiento del plazo termina la salida voluntaria, mientras que una presentada después no cambia nada.
La ley también contempla una multa civil de entre 1,000 y 5,000 dólares para quien no sale en el plazo otorgado.
Existe una excepción para ciertas personas que peticionan bajo la ley de violencia contra la mujer.
La Junta señaló además que un incumplimiento verdaderamente involuntario podría no considerarse voluntario.
Importante: esta decisión no elimina la cancelación de deportación. Limita el acceso de quienes incumplieron un plazo de salida voluntaria.
¿Qué es realmente la ley de los 10 años?
No es una ley con ese nombre, y conviene aclararlo desde el principio. El nombre técnico es cancelación de deportación para personas que no son residentes permanentes, y está en la sección 240A(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Es un beneficio que solo puede otorgar un juez de inmigración, dentro de un proceso de deportación, y de forma discrecional. Es decir, incluso cumpliendo todos los requisitos, el juez puede negarlo.
Para calificar, la persona debe demostrar varias cosas a la vez. Diez años o más de presencia física continua en el país. Buen carácter moral durante ese período. Y que un familiar cercano que sea ciudadano estadounidense o residente permanente —cónyuge, padre, madre o hijo— sufriría un perjuicio excepcional y extremadamente inusual si la persona fuera deportada.
Ojo: ese estándar de perjuicio es muy alto. No basta con la separación familiar o con dificultades económicas comunes.
¿Qué decidió la Junta sobre la ley de los 10 años?
Dos cosas, y conviene leerlas con precisión.
La primera es que violar un acuerdo de salida voluntaria hace a la persona inelegible para ciertos beneficios migratorios durante 10 años.
La segunda es que presentar una moción para reabrir el caso, con el fin de aportar nueva evidencia a una solicitud de cancelación ya presentada, no excusa el incumplimiento de haber salido voluntariamente.
En el caso analizado, la Junta había desestimado la apelación en abril de 2025 y había restablecido un plazo de salida voluntaria de 60 días que vencía el 3 de junio de 2025. La persona no salió. El 17 de junio, ya fuera de plazo, presentó la moción con evidencia nueva sobre la educación de sus hijos y condiciones médicas de la familia.
La Junta negó la moción. Concluyó que la persona estaba sujeta al impedimento de 10 años y agregó, como razón alternativa, que la evidencia nueva era complementaria de la que el juez ya había evaluado.
¿Qué beneficios bloquea ese impedimento de 10 años?
Varios, y la lista está en la ley. Conviene conocerla porque mucha gente desconoce su alcance real.
Otra salida voluntaria: bloqueada por 10 años, según 8 U.S.C. § 1229c.
Cancelación de deportación, la ley de los 10 años: bloqueada por 10 años, según 8 U.S.C. § 1229b.
Ajuste de estatus dentro de Estados Unidos: bloqueado por 10 años, según 8 U.S.C. § 1255.
Cambio de estatus de no inmigrante: bloqueado por 10 años, según 8 U.S.C. § 1258.
Registro por residencia prolongada: bloqueado por 10 años, según 8 U.S.C. § 1259.
Fuente: 8 U.S.C. § 1229c(d)(1) y Matter of Ontiveros-Diaz, 30 I&N Dec. 222. Verificado el 9 de noviembre de 2026.
Además de ese impedimento, la ley contempla una multa civil de entre 1,000 y 5,000 dólares. Por lo tanto, las consecuencias de no salir en el plazo acordado son económicas y migratorias a la vez.
¿Por qué el momento de presentar la moción lo cambia todo?
Porque el reglamento distingue con claridad entre antes y después del vencimiento, y esa diferencia decide el resultado.
Una moción presentada antes de que venza el plazo de salida voluntaria termina automáticamente esa concesión. En ese caso, la persona ya no está obligada a salir y no se activan las penalidades.
En cambio, una moción presentada después del vencimiento no modifica el plazo ni sus consecuencias. Es decir, llega tarde para evitar el impedimento, aunque traiga la mejor evidencia del mundo.
Es importante que usted entienda este punto: no se trata de la calidad de las pruebas, sino de la fecha en que se presenta el documento.
¿Qué significa esto si usted aceptó una salida voluntaria?
Que la fecha de vencimiento es el dato más importante de su expediente. Conviene ubicarla hoy mismo y no suponerla de memoria.
Si el plazo todavía no vence y usted cree que debe reabrir su caso, el tiempo corre en su contra. Por eso recomendamos buscar asesoría legal de inmediato y no esperar.
Si el plazo ya venció y usted no salió, su situación requiere un análisis cuidadoso. Ahora bien, eso no significa que no existan alternativas, y precisamente por eso conviene revisar el caso completo con un abogado.
Puede repasar las ventajas y los riesgos de esta figura en nuestro artículo sobre la salida voluntaria, pros y contras.
¿Existen excepciones al impedimento de 10 años?
Sí, y conviene conocerlas aunque sean limitadas.
La ley establece una excepción para ciertas personas que presentan peticiones bajo las disposiciones de protección a víctimas de violencia doméstica. Esa excepción aplica cuando la crueldad extrema o el maltrato fue al menos una razón central de la permanencia en el país más allá del plazo.
Además, la Junta mencionó que un incumplimiento verdaderamente involuntario podría no considerarse voluntario. Por ejemplo, cuando la persona no tuvo conocimiento de la orden o estuvo físicamente imposibilitada de salir. Sin embargo, en el caso analizado ese argumento no se planteó.
Cuidado: estas excepciones son estrechas y requieren prueba. No conviene asumir que su caso encaja sin una revisión profesional.
¿Sirve la nueva evidencia en un caso de ley de los 10 años?
Que debe ser realmente nueva y capaz de cambiar el resultado, no solo adicional. Este es el segundo mensaje de la decisión y suele pasarse por alto.
La Junta observó que la evidencia presentada era complementaria de la que el juez ya había considerado. Por lo tanto, aunque no hubiera existido el impedimento de 10 años, difícilmente habría cambiado la conclusión sobre el perjuicio.
En efecto, para reabrir un caso la ley exige que la evidencia sea material y que no haya estado disponible antes. Por eso conviene preparar la moción con criterio y no acumular documentos por volumen.
¿Qué recomendamos?
Recomendamos cinco cosas, y todas tienen que ver con el calendario.
En primer lugar, ubique y anote la fecha exacta de vencimiento de cualquier plazo que le hayan otorgado. En segundo lugar, si piensa presentar una moción o una apelación, hágalo con tiempo y no en el último día.
En tercer lugar, mantenga su dirección actualizada ante la corte, porque los avisos importantes llegan por correo. En cuarto lugar, reúna y conserve toda la documentación de su caso, incluidas las decisiones previas.
Y en quinto lugar, si su situación ya es complicada, no asuma que no hay salida. Conviene revisar qué otras alternativas legales podrían aplicar a su caso específico.
En nuestra firma, esa revisión se hace en una consulta con el abogado Jesús Reyes. Nuestras consultas no son gratuitas. Sin embargo, permiten analizar su expediente a fondo y decirle con honestidad qué opciones existen. Para situaciones con plazos cortos como esta, ofrecemos consultas de emergencia, que se agendan con mayor prontitud y tienen un costo más alto. Puede agendar su consulta aquí.
Conviene además conocer nuestros servicios de representación en corte de inmigración y de paros de deportación.
Preguntas frecuentes sobre la ley de los 10 años
¿Esta decisión elimina la ley de los 10 años?
No. La cancelación de deportación sigue existiendo. Lo que hace la decisión es confirmar que quien incumplió un plazo de salida voluntaria queda impedido durante 10 años.
¿Desde cuándo se cuentan esos 10 años?
Desde el incumplimiento del plazo de salida voluntaria. Por eso conviene documentar las fechas exactas de su caso.
Presenté mi moción unos días tarde, ¿tiene remedio?
Su situación requiere un análisis individual. La decisión es clara sobre la regla general, pero existen excepciones estrechas que conviene evaluar con un abogado.
¿La multa se aplica siempre?
La ley contempla una multa civil de entre 1,000 y 5,000 dólares para quien no sale en el plazo otorgado. Su aplicación concreta depende del caso.
¿Puedo pedir cancelación de deportación si nunca tuve salida voluntaria?
Ese impedimento específico no le aplicaría. Ahora bien, la cancelación tiene sus propios requisitos, que conviene revisar en detalle.
¿Qué tan difícil es probar el perjuicio excepcional?
Es el requisito más exigente de todos. La ley pide un perjuicio excepcional y extremadamente inusual para el familiar calificado, no una dificultad común.
Conclusión
La decisión sobre la ley de los 10 años deja una lección que conviene repetir: en los casos migratorios, las fechas pesan tanto como los hechos. Una moción presentada antes del vencimiento cambia por completo el panorama; la misma moción presentada después puede cerrar la puerta por una década.
Aun así, conviene no caer en el desánimo. En efecto, muchas personas que creen haber perdido toda opción descubren en una revisión que existen otras vías según su historia familiar, laboral o de persecución. Es importante que usted revise su caso completo antes de dar algo por perdido.
Si usted tiene un plazo pendiente o preguntas sobre esta decisión, comuníquese con nosotros. Atendemos casos a nivel mundial desde nuestra oficina en Miami, Florida. Estamos aquí para asesorarlo y revisar su situación específica.
Vea también nuestros artículos sobre qué esperar en la corte de inmigración y qué hacer ante una orden de deportación, nuestras preguntas frecuentes y nuestro blog.
