En un reciente y significativo movimiento legal, fiscales generales de 23 estados estadounidenses, todos bajo administraciones demócratas, han unido fuerzas en un esfuerzo coordinado para desafiar un fallo judicial que pone en riesgo la existencia del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Este programa, una piedra angular en la política de inmigración de Estados Unidos desde su implementación en 2012, ha brindado protección contra la deportación y permisos de trabajo a aproximadamente 800,000 jóvenes, conocidos como "Dreamers", que llegaron al país de manera indocumentada siendo niños.
El fallo en cuestión fue emitido por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, que declaró que el programa DACA no está autorizado por la ley. Esta decisión ha motivado a los fiscales generales a solicitar a la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans, que anule dicha decisión, argumentando el profundo impacto positivo que los beneficiarios de DACA han tenido en la sociedad estadounidens.
Los fiscales generales argumentan que los Dreamers han considerado a Estados Unidos como su hogar durante la mayor parte de sus vidas, integrándose plenamente en el tejido social y económico del país. A través del programa DACA, han podido estudiar, trabajar, y en muchos casos, servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Además, han destacado el papel crucial de estos jóvenes durante la pandemia de COVID-19, donde muchos sirvieron en roles esenciales, ayudando a mantener en funcionamiento sectores críticos de la sociedad.
Esta coalición de fiscales generales demócratas sostiene que el fallo que declara ilegal al DACA no solo amenaza con desplazar a cientos de miles de jóvenes que han crecido en Estados Unidos, sino que también socava su capacidad para contribuir a la economía y a la comunidad en general. Enfatizan que estos jóvenes han pagado impuestos, contribuido a la economía y han servido al país de diversas maneras.
El programa DACA ha amparado a unos 600,000 beneficiarios actualmente, con otros 86,000 esperando que sus solicitudes sean procesadas. La acción legal emprendida por los fiscales generales busca asegurar que estos jóvenes puedan continuar viviendo en Estados Unidos sin el temor constante de la deportación, manteniendo su capacidad para contribuir activamente a la sociedad.
La decisión final del 5to Circuito de Apelaciones será determinante para el futuro de DACA y sus beneficiarios. La lucha legal en curso subraya la importancia del programa no solo para los Dreamers y sus familias, sino también para el tejido socioeconómico de Estados Unidos. La coalición de fiscales generales, junto con el apoyo de organizaciones y comunidades a lo largo del país, espera que su esfuerzo colectivo pueda revertir la decisión y mantener en vigor las protecciones que DACA ofrece a los jóvenes inmigrantes.
